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| Las relaciones Ejecutivo-Legislativo post 10-D |
 Los meses transcurridos entre las elecciones legislativas de junio pasado y las últimas semanas previas al recambio legislativo del próximo 10 de diciembre fueron tormentosos. Eso no podemos negarlo. Al apuro del Gobierno nacional por sancionar leyes que considera clave –como la famosa Ley de Medios o la debatida reforma electoral- se contrapuso el intento de la oposición por hacer prevalecer el resultado “favorable” que obtuvieron en junio.
“Favorable” por dos razones. Primero porque no hubo una estrategia de consensos y acuerdos sólidos entre los distintos partidos de la oposición política para lograr hacer frente al oficialismo. Segundo porque justamente ese oficialismo que había perdido las elecciones pudo encontrar la forma de tomar la iniciativa política. La oposición, en resumen, adormeció. Con este panorama en puerta, dentro de dos semanas se llevará a cabo el deseado recambio legislativo. Y a partir de ahí el escenario puede llegar a cambiar radicalmente. Si lo que presenciamos los últimos meses fueron acusaciones cruzadas entre oposición y oficialismo por ubicarse como los verdaderos vencedores de las elecciones, a partir del 10 de diciembre eso se traducirá en posiciones de poder. Es en esta clave en que deben leerse los intentos de parte de ciertos sectores –PJ disidente, PRO, algunos referentes de la UCR- de conseguir ciertas posiciones clave en el Congreso de la Nación. Por un lado, la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados o la del Senado. Por el otro, mayoría en las comisiones de ambas cámaras. Ambas con distintas intenciones. Mientras que con la primera se busca tener mayor control sobre el cuerpo legislativo en general, con la segunda se pretende tener mayor peso en la elaboración de dictámenes. No hay que olvidar que las comisiones son la primera instancia obligatoria de tratamiento de una ley. El resultado de este tire y afloje será traducido, post 10-D, en una multiplicidad de actores de veto. La Presidencia, por mandato constitucional, quedará en manos del kirchnerismo. El Congreso Nacional, en las de la oposición, aunque distribuida en una gran cantidad de bloques y partidos políticos. Estos, a su vez, sin la intención visible de lograr acuerdos sólidos y amplios. De esta forma, cada uno puede llegar a aplicar su propia capacidad para frenar las iniciativas políticas de los contrarios. En definitiva, su poder de veto. ¿Cómo puede llegar a afectar a la gobernabilidad este posible panorama político? Poco. Un sistema político garantiza la gobernabilidad en dos cuestiones, principalmente. Primero, incluye una creencia de parte de la sociedad y la dirigencia política que un determinado sistema político –en este caso, democrático- es el mejor existente para resolver los problemas cotidianos. Segundo, que la elaboración e implementación de políticas gubernamentales se realice de manera eficaz. En el presente contexto, las elites encuentran dificultades para alcanzar acuerdos, diseñar políticas e implementarlas. Sin embargo, no existe un amplio cuestionamiento al sistema político democrático, ni de parte de las elites ni de la sociedad en general. Aquí radica la diferencia sustancial con algunos temores recientes sobre una crisis de gobernabilidad. Salvo, claro, que resurjan sentimientos sociales similares a los del 2001. Un segundo punto de análisis para las futuras relaciones Ejecutivo-Legislativo puede plantearse en si el Congreso de la Nación actúa de manera proactiva o reactiva frente a la Presidencia. Por proactivo se hace referencia a la capacidad de tomar iniciativas políticas y manejar la agenda legislativa. En cambio, por reactivo se entiende una actitud más pasiva y expectante de su parte frente a lo que puede hacer o no el Poder Ejecutivo en materia de leyes. Post 10-D la relación entre ambos poderes puede invertirse. Mientras que en Argentina estamos acostumbrados a que sea el Ejecutivo el que toma la iniciativa, para los próximos dos años pueden llegar a convivir un Congreso mayormente opositor, que sea quien inicie las leyes, y un Ejecutivo que decide si la promulga o no. El primero pasaría a ser proactivo y el segundo reactivo. Justamente a la inversa que los últimos dos años. Las pasadas elecciones legislativas han generado las condiciones para esta situación. Se materializará, entonces, uno de los mayores temores que trae aparejado el Presidencialismo como forma de gobierno: un gobierno dividido. Pero ello no generará la inevitable falta de gobernabilidad que el oficialismo se encarga de sembrar, planteado anteriormente. Solamente un poco de parálisis legislativa. Como para revivir las instituciones. |